Con una masiva asistencia y acompañados de facilitadores culturales, ciudadanos haitianos pudieron compartir y proponer mejoras para enfrentar las principales dificultades que han tenido al solicitar y recibir una atención de salud.

Reafirmando que la salud es un derecho humano que el Estado debe asegurar a todas las personas, en igualdad de condiciones, respetando la dignidad e independiente de la nacionalidad, el Servicio de Salud Aconcagua, la Seremi de Salud, FONASA y la Gobernación San Felipe realizaron el primer diálogo en creole con ciudadanos haitianos, donde los participantes acompañados de facilitadores y traductores compartieron testimonios del trato que algunos han recibido cuando han solicitado atención y las maneras que pudieran corregir las dificultades presentadas. 

Reconociendo y valorando el esfuerzo desplegado por el Servicio de Salud Aconcagua para dar y facilitar una mejor atención a la comunidad haitiana con la contratación e incorporación de una facilitadora cultural, en su mayoría concordaron que los funcionarios de los dispositivos de la red de salud deben capacitarse y conocer en profundidad las medidas de protección especial sobre esta población que desde el 2003 el Ministerio ha venido impulsando, referidas especialmente a la atención de salud de mujeres embarazadas y en mejorar el acceso a los diferentes servicios de manera equitativa y de acuerdo a la legislación y las prácticas nacionales, tal como lo proponen distintos organismos internacionales de derechos humanos ratificados por Chile. 

En este sentido, los representantes de los servicios públicos se comprometieron a trabajar estos y otros aspectos que propicien una atención y un trato digno para todos los migrantes que transiten y residan en la zona. Admitiendo que probablemente en algunos casos aún haya desconocimiento, acordaron trabajar y profundizar los avances que en el año 2015 se les reconoció como beneficiarios tramo A de FONASA a los inmigrantes que carecieran de documentos o permisos de residencia o que suscribieran un documento declarando su carencia de recursos a través de un calificador de derechos del establecimiento, no debiendo cotizar ni tampoco pagar por la atención de salud ya que tendrían subsidio total por parte de Fonasa; o el caso de las mujeres embarazadas hasta 12 meses después del parto y los niños menores de 6 años que no tienen la necesidad de ampararse en esta circunstancia de manera directa, puesto que el acceso para estos grupos es universal, además de tener acceso a una visa de residencia especial que les permite regularizar en el departamento de extranjería; o que todo extranjero, no importando su situación migratoria, regular, irregular o turista, tendrá derecho a atención de salud en caso de urgencia vital, en los establecimientos públicos y privados en igual condición que los nacionales; o que los niños, niñas y adolescentes, hijos de padres en situación migratoria irregular, que no sean beneficiarios de Fonasa, pueden acceder a ser beneficiarios del régimen por sí mismos, aun cuando no sean carga de un adulto; o que, al igual que el resto de la población, son beneficiarios de todas las acciones de promoción y protección de las personas, que tienen por objeto la conservación de la salud de la población, previniendo riesgos biomédicos, entre ellas las inmunizaciones y el control nutricional. 

Beneficios que se han venido otorgando y que muchas veces por desconocimiento obstaculizan el acceso, la oportunidad y la calidad de la atención en las comunidades migrantes. Por ello, el compromiso de promover la capacitación y sensibilización de los funcionarios, junto con mantener una alianza de trabajo intersectorial, fueron los principales acuerdos para reducir estas barreras y comenzar a entender que el migrante también es un sujeto de derechos.